Si creemos que es necesario que en la
lucha por unas pensiones dignas se tengan en cuenta las desigualdades en
función del género es porque por ejemplo, en Aranjuez, el importe medio mensual
de las pensiones contributivas de las mujeres es casi 500 euros inferior al de
los hombres en 2017 según el Banco de Datos Municipal y Zonal. Y según esta
misma fuente, hay un total de 1200 mujeres menos que hombres con pensiones
contributivas ese mismo año. En este documento nos vamos a centrar en esta
línea de análisis con la intención de aportar al discurso y a la lucha por los
derechos sociales, sin agotar todas las posibilidades, sí queremos proponer
cuestiones concretas para nuestras reivindicaciones.
Las pensiones contributivas de jubilación
de las mujeres españolas no solo representan una pequeña parte de todas las
pensiones contributivas de jubilación que concede el sistema de la Seguridad Social
sino que además son de menor cuantía que la de los hombres. Es por ello que Mercedes
Ayudo (Catedrática de Estadística de la Universidad de Barcelona) y Elisa
Chuliá (Profesora de Sociología de la UNED) afirman que las pensiones
representan probablemente el ámbito de Estado
de Bienestar en el que con mayor claridad se aprecia la existencia de una
brecha de género (¿Hacia la progresiva
reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas?, Informe
PISA sobre Educación Financiera, OECD y BBVA, Documento de Trabajo: Nº 22/2018).
¿Por qué esto es así?
1. Históricamente las mujeres realizan los trabajos de cuidados en el hogar durante la crianza y atención de personas enfermas o dependientes. Trabajos no remunerados que conlleva una muchas veces la reducción del número de horas dedicadas a un empleo sí remunerado y que cotice en la seguridad social. Es decir, normalmente son mujeres quienes
§ Reducen su jornada laboral
§ Tienen mayor temporalidad laboral
Ø Lo cual supone menor cotización que
conlleva unas pensiones menores, a pesar de haber hecho doble jornada (relación
laboral y trabajo de cuidados).
Ø La dependencia económica de otros
(maridos, hijos) o el riesgo vivir en la pobreza.
Ø La vulnerabilidad ante situaciones de
violencia de género.
2. El
Estado y el sistema económico (la producción, los centros educativos…) funcionan gracias a que existe una labor de
atención a menores, enfermxs, ancianxs y dependientes, asumida
principalmente por mujeres que no recibe reconocimiento del sistema de
Seguridad Social.
§ La economía se sostiene gracias a un
trabajo que no está contabilizado en los macro datos económicos ni reconocido
en derechos sociales.
§ El sistema obvia los derechos a unos
cuidados de las personas cuando no son productivas (ancianxs, infancia,
dependientes).
§ El sistema obvia los derechos de las
personas cuidadoras.
3. Las
desigualdades económicas se van sumando en una serie de factores que sirven
para ir vulnerabilizando a las personas.
Antes de finalizar quiero compartir unas ideas que hemos recogido de diferentes analistas y activistas sociales:
§ Salarios bajos que conllevan pensiones
más bajas, en situaciones de gran esfuerzo físico que deteriora la calidad de
la salud. Si a esto le sumamos temporalidad laboral y reducciones de jornada
por cuidado de personas menores o dependientes, haciendo sin embargo jornadas interminables
al sumar el trabajo fuera y dentro del hogar, nos quedan mujeres empobrecidas
en la etapa anciana de su vida, cuando su salud está más debilitada. Las
pensiones de viudedad constituyen casi una prestación de supervivencia, en
palabras de Mercedes Ayudo y Elisa Chiluá, que no olvidemos, han elaborado su
informe para el BBVA.
§ El problema de las trabajadoras en el
servicio del hogar familiar resulta especialmente grave. Casi en su totalidad
lo desempeñan mujeres, y muy especialmente, mujeres migrantes. Muchas veces
cobran en negro y/o están situación de semi-esclavitud (como internas), más
vulnerabilizadas aún si no tienen documentación legal para residir y trabajar
en este país.
1º. De la economista Elena Idoate que
nos plantea: “No hay ninguna otra partida presupuestaria que esté vinculada a
una determinada fuente de financiación. ¿Por qué preocupa el equilibrio
presupuestario de las pensiones y no el de la Monarquía, el Ejército o la
Policía?” (Periódico El Salto, Enero
2018).
2º. La división sexual del trabajo y la
división entre espacios públicos y privados según los sexos ha discriminado y
perjudicado a las mujeres, especialmente las empobrecidas y racializadas. Legalmente
no hay discriminación en función del género sin embargo la desigualdad social
se refleja en una desigualdad en las pensiones: trabajos duros y de larga duración con una baja o ninguna base de
cotización corresponderán a pensiones más bajas o no contributivas.
3º. Algunos caminos para el cambio
social:
§ Mejorar las condiciones de
participación de la vida laboral de las mujeres, acreditando justamente los
periodos dedicados al cuidado familiar, incentivando los permisos de paternidad
para que haya un reparto de cuidados entre las personas de tal forma que los
cuidados no sean asumidos solamente por mujeres, fomentar la
corresponsabilidad,
§ eliminar toda discriminación en el
trabajo del servicio del hogar: eliminación de la relación laboral de carácter
especial y su total inclusión en el ET como cualquier trabajadora. Ayudaría
también que España ratificase el Convenio 189 de la OIT, que se niega a firmar;
§ que se prohíba como requisito para
acceder a un puesto de trabajo el tener disponibilidad fuera del horario
laboral, con lo que se penalizan a las personas que tienen personas
dependientes a su cargo,
§ mejorar las condiciones laborales y
prohibir que la formación a cargo de la empresa se desarrolle fuera del horario
laboral, para igualmente evitar penalizar a las personas que cuidan,
§ combatiendo las diferencias salariales
(brecha salarial: revisar convenios de sectores feminnizados) y los obstáculos
en el acceso al empleo,
§ combatiendo el techo de cristal que es
como se llama a los obstáculos en la promoción en el empleo,
§ centrar la atención en los derechos y el
la justicia social;
§
socializar
la atención a personas dependientes y fortalecer las redes comunitarias, acabar
con la privatización de los servicios de salud y cuidados a la infancia y
mayores para asegurar que no se desarrollen bajo criterios de beneficio
económico.
COLECTIVO: La Corrala. Patio
feminista
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